Publiquen Lo Que Pagan Misión

Publiquen Lo Que Pagan

Misión

Campaña mundial para la transparencia de los ingresos de la industria petrolera, minera y del gas

A pesar de los miles de millones de dólares de ingresos obtenidos de la explotación de los recursos mineros, petroleros y del gas, la población de más de cincuenta países que están en vías de desarrollo y que son ricos en recursos (1) todavía hoy se encuentran en un estado de pobreza extrema. Si los gobiernos de estos países practicasen la buena gobernanza, estos ingentes ingresos servirían para erradicar la pobreza y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, resulta obvio que la realidad dista mucho de esta hipótesis.

Los gobiernos y las administraciones que gestionan los ingresos experimentan carencias institucionales y rara vez rinden cuentas a la población o a sus representantes electos (parlamentarios). Son muchos los países que se pueden calificar como «cleptocracias», donde los funcionarios desvían en beneficio propio los ingresos obtenidos de los recursos naturales. La industria extractiva está asociada a niveles muy elevados de corrupción(2). Las compañías petroleras explotadoras a menudo toman parte en prácticas corruptas para cerrar tratos o para beneficiarse de los favores de los funcionarios del estado. Tales gobiernos, así como las compañías explotadoras, no hacen públicos los ingresos obtenidos de la extracción de recursos, y a menudo consideran esta información como «secreto de estado». Lo único que se consigue con esta ausencia de transparencia es la malversación de fondos y la corrupción. En casos extremos, el acceso a los recursos también puede provocar o alimentar guerras civiles o transfronterizas, que debilitan aún más al gobierno y las instituciones nacionales. El desorden que emana de tal situación facilita en muchas ocasiones la malversación de bienes públicos a gran escala.

El llamamiento a las empresas para que hagan público lo que pagan (Hagan público lo que pagan) y a los gobiernos para que hagan lo consiguiente con lo que cobran (Hagan público lo que cobran) es un elemento básico para sanear la gestión de los ingresos derivados de los recursos naturales. Si tanto las empresas como los gobiernos atienden a este llamamiento, resultará más fácil realizar una reconciliación contable, y la sociedad civil podrá reclamar a los gobiernos que haga un buen uso de los fondos. Por otro lado, la transparencia de los ingresos permitirá crear un verdadero debate sobre el uso de estos ingresos y su asignación a las políticas de desarrollo, la redistribución de la riqueza y la mejora de los servicios públicos.

Las empresas petroleras, mineras y de gas, que pagan impuestos, royalties u otras tasas a los gobiernos, no pueden controlar la manera en que éstos los utilizan. Por el contrario, es su responsabilidad hacer públicos los pagos sean del tipo que sean, de forma que se permite a la sociedad civil reclamar a su gobierno y a su administración. Las empresas que rechazan esta transparencia se convierten en cómplices de la confiscación de los ingresos derivados de los recursos naturales en detrimento de la población; a la inversa, la transparencia reforzará su imagen de «sociedad socialmente responsable», haciendo gala de una contribución positiva y una alta implicación en la problemática. Para ello, se debe asegurar que los importes pagados a los gobiernos de los países ricos en recursos naturales se destinen al desarrollo real de estos países, y crear así un entorno económico favorable, antes que malversar o derrochar estas sumas, hecho que exacerba la división social, y que incluso puede llevar a una crisis del Estado y al conflicto.

Hoy en día, existe un gran consenso en la comunidad internacional cuyo objetivo es promover un refuerzo de la transparencia en el sector extractivo, como lo demuestra el apoyo a la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva (ITIE) (3) por parte de los gobiernos, las empresas petroleras y mineras, los inversores, las instituciones financieras y la sociedad civil. Sería una tarea fácil hacer obligatoria la publicación de los pagos y de los ingresos derivados de las actividades extractivas por medio de la creación de una normativa aplicable a la contabilidad, las leyes o la bolsa, o convertirla en condición sine qua non para la concesión de créditos para la exportación o de préstamos otorgados por las Instituciones Financieras Internacionales o las instituciones bancarias privadas.

Por este motivo, la coalición “Hagan público lo que pagan” hace un llamamiento a:

• Las multinacionales, privadas o públicas, para que hagan pública la totalidad de los pagos que efectúan, sean del tipo que sean (royalties, impuestos, bonificaciones, cánones…) en beneficio del estado (o de su emanación) y en cada uno de los países en los que las empresas explotan los recursos naturales.

• Los gobiernos de los países ricos en recursos naturales para que
  1. Exijan como condición obligatoria la publicación de los pagos efectuados por las empresas que trabajan en su territorio, empresa a empresa y tipo de pago a tipo de pago;
  2. Hagan públicos los ingresos obtenidos de las actividades de extracción (Hagan público lo que cobran);
  3. Obliguen a las empresas a que un auditor independiente y reconocido controle y certifique estos ingresos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. El despliegue real de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) facilitaría la publicación de los ingresos. Así mismo, podrían ser de utilidad recomendaciones como las emitidas por el FMI en la Guía sobre la Transparencia del Ingreso proveniente de los Recursos Naturales;
  4. Creen mecanismos de información subnacionales con el fin de declarar los pagos y los ingresos;
  5. Establezcan un proceso presupuestario participativo y transparente a nivel local, nacional y regional con el fin de colaborar con la sociedad civil en la gestión y la asignación eficaz de los ingresos públicos y promover así el desarrollo socioeconómico.

• Los gobiernos de los países miembros de la OCDE para que hagan obligatoria la publicación (país por país) de los pagos efectuados por las empresas petroleras, mineras o del gas, y cotizadas en sus mercados financieros.

• Las Instituciones Financieras Internacionales (multilaterales o bilaterales), como el Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo, las agencias de crédito para la exportación, así como los bancos comerciales, para que cumplan los requisitos de «Hagan público lo que pagan», haciendo de la transparencia una condición para su apoyo a las empresas extractivas y hacer de la transparencia y de la presencia de mecanismos de verificación y de auditoría independiente un paso previo a la creación de programas de ayuda, asistencia financiera y técnica para los gobiernos de los países ricos en recursos naturales (salvo los casos de urgencia y de carácter humanitario).

• La comunidad internacional, y en particular las organizaciones de ayuda, para promover el refuerzo y la formación de las organizaciones de la sociedad civil de los países ricos en recursos naturales, con el fin de permitirles ser más eficaces a la hora de reclamar a su gobierno y su administración.

Además de estas medidas:

• Las empresas del sector extractivo y las instituciones locales deberían publicar toda información relativa a la inversión de orden social y a los pagos directos a los presupuestos de las administraciones locales. Tales pagos e inversiones representan factores importantes para el desarrollo socioeconómico sostenible, por lo que debe facilitarse a los ciudadanos la participación en el proceso de gestión de estos ingresos.

• Para reforzar aún más esta voluntad de promoción de la transparencia, también reclamamos que se pongan a disposición pública contratos del sector extractivo y que se homogeneicen los procedimientos para otorgar concesiones con las mejores prácticas internacionales. Estos contratos contienen información relativa a los plazos, las fórmulas de cálculo y otros criterios que determinan la cuantía de los ingresos de los gobiernos (es decir, la tasa de reparto, el importe de los impuestos, las royalties, las bonificaciones, los beneficios y toda exoneración de estos últimos, etc.), que permiten delimitar mejor los ingresos del estado contratante (a excepción de las disposiciones de orden puramente comercial). Así pues, estos elementos constituyen datos básicos que permitirán a los ciudadanos estar mejor informados acerca de los ingresos esperados y poder compararlos con los ingresos declarados, hecho que ofrecerá la posibilidad de garantizar que los contratos finalizados han sido de interés general y que efectivamente han permitido al país recibir unas sumas previstas de forma contractual.

El hecho de promocionar la transparencia de los ingresos y los contratos en las industrias extractivas es un pilar básico para la erradicación de la pobreza de gran parte de población de los países ricos en recursos naturales. Así mismo, concuerda con los objetivos de buena gobernanza, de lucha contra la corrupción, de responsabilidad de las empresas y del desarrollo sostenible, con el apoyo de la comunidad internacional. La transparencia favorece los intereses de todos los actores – los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y la comunidad internacional. Está en las manos de cada actor económico cumplir con su función para conseguir que estos planes se hagan realidad.

Notas a pie de página

(1) La definición de país rico en recursos ha sido extraída de la «Guía sobre la Transparencia del Ingreso proveniente de los Recursos Naturales» del FMI. Se considera que un país es rico en recursos si cumple alguno de los siguientes criterios: (i) los ingresos de los recursos naturales aportan de media un mínimo del 25% de los ingresos fiscales totales en el periodo comprendido entre 2000 y 2005 o (ii) al menos un 25% de los ingresos de exportación durante el mismo periodo. Para más información, visite la siguiente página:http://www.imf.org/external/pubs/ft/grrt/fra/060705f.pdf

(2) De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Países Exportadores elaborado por Transparencia Internacional (2008), la industria petrolera/gas y minera se encuentran en el tercer y quinta puesto respectivamente en cuanto a la probabilidad de que los funcionarios del estado puedan aceptar o exigir pagos ilícitos (como por ejemplo concesiones, agilizaciones burocráticas, concesión de licencias, etc.). Para más información, visite la siguiente página:http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2008/bpi_2008

(3) www.eiti.org